Las sanciones de la UE a España por el incumplimiento del déficit limitarían aún más el vital relevo generacional en el campo al suspender los pagos de las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes. Así lo pone de manifiesto COAG, que alerta, además, de que ante una situación así, se lastraría la modernización de las explotaciones agrarias, la mejora de regadíos, la agricultura compatible con el medio ambiente, la preservación de la actividad agraria en zonas con dificultades, las medidas agroambientales y clima, la agricultura ecológica, el asesoramiento a las explotaciones agrarias o formación, la innovación, los bosques y el desarrollo territorial.
En el listado de los programas que podrían ser objeto de suspensión en España aparecen los 17 Autonómicos de Desarrollo Rural, (del que dependen las medidas citadas anteriormente) y el Programa nacional de Desarrollo Rural, financiados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Para 2017 el FEADER tiene programada una ayuda a España de 1.185 millones euros de un total de 8.297 millones correspondientes al período 2014-2020.
“Inaceptable”
Ante el impacto que podría tener esta decisión en el campo español, COAG ha enviado una comunicación a los Miembros españoles del Parlamento Europeo en relación al dialogo que, sobre la suspensión de los fondos europeos de desarrollo rural a España, se iniciará después del verano. Este dialogo, como dice el Reglamento comunitario, deberá respetar el principio de igualdad de trato entre Estados miembros y tendrá en cuenta las circunstancias económicas y sociales del Estado Español, en particular el nivel de desempleo respecto de la media de la Unión y el efecto de la suspensión en la economía del Estado Español. “Resulta inaceptable el grave impacto de las suspensiones en los programas de desarrollo rural, esenciales por su carácter estructural para abordar las condiciones económicas o sociales adversas en el sector agrario y las zonas rurales, que enfrentan problemas específicos y graves desventajas comparativas respecto a las áreas urbanas”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.
El Reglamento comunitario también contempla que la Comisión Competente del Parlamento Europeo podrá ofrecer al Estado Español la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista. En ese sentido, COAG ha solicitado que en este intercambio se aborden las cuestiones relativas a la agricultura y el desarrollo rural y el grave impacto que supondría la suspensión de los fondos. “Como representantes de los agricultores y ganaderos españoles estamos a disposición del Parlamento Europeo para participar en el mismo”, ha puntualizado Blanco quien ha pedido a los eurodiputados españoles “que nos mantengan informados de cualquier novedad relevante para la agricultura y las zonas rurales españolas en el ámbito de este procedimiento”.
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