La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha firmado esta mañana junto a la vicepresidenta de Cecale, Ángela de Miguel; el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Castilla y León, Miguel Ángel Gutiérrez; y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Castilla y León, Gonzalo Díez, la adhesión de los representantes del Diálogo Social al documento de posición común de Castilla y León ante la reforma de la PAC de cara a 2020.
Esta posición común fue rubricada el pasado mes de marzo por los grupos políticos de la Comunidad (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y el grupo mixto IU-Equo y UPL), las tres organizaciones profesionales agrarias que tienen representación (Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL) y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl). El documento, elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería, nacía con el objetivo de definir los beneficiarios, las prioridades y los instrumentos de la futura Política Agrícola Común (PAC) y que ésta garantice un sector agrario rentable, sostenible e innovador que fije, al mismo tiempo, población en el medio rural.
Los firmantes de este acuerdo, a los que hoy se han unido los miembros del Diálogo Social, reclaman a la Comisión Europea que la futura PAC diferencie a los agricultores y ganaderos profesionales, centrándose fundamentalmente en explotaciones familiares y en aquellos que trabajan y viven directa y principalmente de la actividad agraria en explotaciones individuales o asociativas de cualquier tipo, y que, a su vez, favorezca la cesión de explotaciones entre productores de edad avanzada y nuevos agricultores. Además, los jóvenes y las mujeres deberán ser considerados como actores clave para lograr los objetivos de la política de desarrollo rural.
Asimismo, el documento de Comunidad rubricado hace hincapié en la necesidad de respetar, como mínimo, el actual nivel de financiación de la PAC, europea y nacional, para permitir que esta política cumpla sus objetivos, y rechaza cualquier posibilidad de renacionalización.
Un sector más competitivo, rentable y sostenible
Esta posición común considera, además, que la PAC debe promover instrumentos y prácticas basadas en los conocimientos agronómicos y ambientales disponibles, reconocidos científicamente, para lograr un sector agrícola más competitivo y rentable que asegure, al mismo tiempo, el uso sostenible de los recursos naturales y contribuya a la fijación de la población en el medio rural. Unido a ello, los firmantes demandan una Política Agrícola Común más simple, lo que posibilitará mayor competitividad, más eficacia en la gestión, una mejor comprensión por la sociedad en general de las aportaciones de la PAC, así como corregir la desconexión existente con el sector agrario.
Los jóvenes y las mujeres deberán adquirir mayor protagonismo como activos clave en la dinamización y modernización de la agricultura y el mundo rural. Por ello, el documento de Comunidad subraya la necesidad de potenciar medidas orientadas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, para estimular el relevo generacional. Y considera igual de necesario impulsar la presencia de la mujer en el sector. La nueva PAC debe permitir, además, que estos activos participen en la innovación, los nuevos mecanismos de concentración de oferta y regulación de los mercados, así como en la incorporación de mayor valor añadido a sus producciones. Castilla y León considera imprescindible, por este motivo, buscar nuevas fórmulas para el incentivo de jóvenes y mujeres, mejorar el acceso a instrumentos financieros, fomentar el traspaso de explotaciones incorporando programas de cese anticipado de la actividad y prestar un mayor apoyo a las inversiones.
Más protagonismo de los agricultores en la cadena de valor y más contratos
Desde Castilla y León se considera prioritario, también, corregir el deterioro socioeconómico de los agricultores en la cadena alimentaria, por lo que el documento de posición común demanda una implementación de acciones estructurales eficaces que aumenten la transparencia, mejoren la regulación contractual incorporando relaciones entre el precio y los costes de producción y que fomenten las organizaciones interprofesionales y las de productores, para conseguir un mayor equilibrio de la cadena de valor.
Por otro lado resulta imprescindible que se incorpore en los acuerdos comerciales internacionales el concepto de reciprocidad, es decir, establecer el mismo nivel de exigencia sanitaria, medioambiental o social a los productos importados que a las producciones europeas.
Y ante las innovaciones existentes al alcance de todos que se pueden trasladar al sector, puesto que son de utilidad para la multifuncionalidad de los sistemas agrarios, los firmantes sostienen que, además de mantener un presupuesto europeo suficiente para investigación agraria, se debe potenciar la transmisión de sus resultados y la innovación en el sector agrario, facilitando el intercambio de experiencias a nivel europeo.
El desarrollo rural, clave en la PAC
En la futura PAC, el desarrollo rural debe ser clave, centrando sus esfuerzos en la política estructural agraria, en la protección del medio ambiente y en la diversificación para el desarrollo de las poblaciones rurales, potenciando los modelos agrícolas y ganaderos. Debe facilitar, como recoge el documento firmado esta mañana, el empleo y mantenimiento de activos en el medio rural, favoreciendo sectores y actividades con capacidad para generar autoempleo y empleo en general, además de simplificarse y poder adaptarse rápidamente a nuevas necesidades.
Se precisa, como señala el documento de posición común, un reconocimiento social de la agricultura y ganadería ante la sociedad como garante del suministro de alimentos a precios asequibles, conservadora del medio ambiente, mantenedora del patrimonio rural y como contribuyente a las acciones contra el despoblamiento rural que se puedan adoptar. Siendo referencia como hasta ahora, el modelo de la agricultura familiar europea.
Pagos directos con limitación máxima, gestión de mercados y de riesgos
Para llevar a cabo todas estas medidas, Castilla y León considera necesarios los pagos directos, financiados al 100 % por Europa, para que la política agrícola siga siendo común, debido a que constituyen un elemento indispensable para estabilizar la renta agraria, mantener la actividad de sectores vulnerables y contribuir al mantenimiento del medio ambiente y el clima. Estos pagos directos deben ser acordes a la realidad productiva de las explotaciones en cada momento, incorporando una limitación máxima que dependa del empleo en la explotación.
De la misma manera estima indispensable rediseñar mecanismos de gestión de mercados con acciones a nivel europeo, con reforzamiento de los sistemas de intervención, compras públicas para prevenir y gestionar grandes crisis, facilitando la participación en este sistema de las organizaciones de productores, interprofesionales y cooperativas. Mecanismos que deberían activarse cuando la tendencia del mercado lleve a situaciones de precios por debajo de los costes de producción.
Y ve prioritario avanzar en la nueva PAC en nuevos instrumentos de gestión de riesgos o sistemas de protección anticiclo, tanto preventivos como de actuaciones en crisis. Además, la futura Política Agrícola Común debe facilitar la adquisición de conocimiento necesario entre los agricultores en gestión de prevención de riesgos, todo ello compatible con la política de seguros agrarios actual.
Es necesario, también, que el sector agrario sea parte de la solución contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente, incentivando al sector para que adopte nuevas prácticas más exigentes.
Espíritu de diálogo y consenso
Cuando en marzo se firmó el documento al que hoy se adhieren los miembros del Diálogo Social, la consejera de Agricultura y Ganadería quiso destacar el espíritu de diálogo que reinó hasta llegar al posicionamiento común. En poco más de tres semanas se consiguió el acuerdo de todos, sin olvidar el intenso proceso previo en el último año y medio, donde, desde la Junta de Castilla y León, se han ido dando pasos de forma consensuada tanto con el sector (organizaciones profesionales agrarias y cooperativas) como con los grupos políticos autonómicos, así como con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Unión Europea, mediante la participación en el Consejo de Ministros de Agricultura.