Según ha informado FerDuero a través de un comunicado remitido a Europa Press, uno de los fines que persigue es la modificación del régimen económico financiero del agua, es decir, "aumentar los costes asociados al uso de dicho recurso", lo que "penalizaría gravemente a los usuarios regantes inmersos en la actualidad en importantes inversiones asociadas a la modernización", una "ocurrencia", a su juicio.
Asimismo, ha sostenido que en España se recuperaron "más del 70 por ciento" de los costes asociados al regadío, lo que lo convierte en el país "que mejor cumple la Directiva Marco en Europa", a pesar de necesitar construir "más infraestructuras de regulación y transporte que la mayoría de ellos para tener garantizado el recurso" por la "clara desventaja" en lo que a precipitaciones de lluvia se refiere.
También recuerdan que en la Ley de Aguas vigente y en sus Reglamentos "ya existen fórmulas para poder repercutir los costes asociados al consumo", tal y como hacen las comunidades de regantes con los gastos eléctricos y otros que se aplican en función de los metros cúbicos utilizados.
Frente a esto, consideran que "seguir aumentando la superficie de regadío modernizado y aplicando las últimas tecnologías asociadas al mismo es lo que mejoraría la gestión y el ahorro de agua".