La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, y el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, han expuesto este lunes, en la sede de la Delegación del Gobierno, en Valladolid, los planes específicos de actuación de AICA en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2018, así como el balance de inspecciones y sanciones del último ejercicio.
Tras la rueda de prensa, el director de AICA –acompañado y el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio Gómez-, ha mantenido una reunión de trabajo con las organizaciones agrarias de la región (Asaja, UPA-COAG y UCCL), las cooperativas agrupadas en Urcacyl y la agrupación de empresarios de la industria alimentaria Vitartis.
En la rueda de prensa, la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria, creada en 2013, busca el equilibrio y la reciprocidad entre todos los eslabones y resulta clave en una comunidad autónoma como Castilla y León, donde la agricultura y la agroalimentación tienen un peso fundamental en la economía. “En España en general y Castilla y León en particular tiene mucha importancia para la economía y sociedad el sector agroalimentario–señala María José Salgueiro-, con sectores en crecimiento, cuyos intervinientes, tan producción agropecuaria (atomizada en el territorio), como la industria de transformación (a través de pymes), y la distribución (sobre todo grandes superficies), necesitan que sus relaciones comerciales se ajusten a un principio de equilibrio y reciprocidad”. De ahí la importancia de la Agencia de Información y Control Alimentarios, “ante la necesidad de mejorar la vertebración de los mencionados eslabones de esa cadena alimentaria”, afirma la delegada del Gobierno en Castilla y León.
AICA ha llevado a cabo 279 inspecciones de oficio en Castilla y León para comprobar el cumplimiento de la Ley de Cadena en los principales sectores agrícolas y ganaderos, lo que representa un 8% de las inspecciones realizadas a nivel nacional.
Hasta 2017, AICA realizó en esta Comunidad Autónoma 65 controles en el sector vitivinícola, 52 en los sectores cárnicos, 50 en cereales, 35 en frutas y hortalizas, 23 en lácteo y otros 46 en conservas de pescado, forrajeras, huevos o miel.
Las investigaciones culminaron con la imposición de 38 sanciones a 13 empresas castellanoleonesas por incumplimiento de la Ley de la Cadena, por un importe cercano a los 100.000euros.
En los cuatros años que lleva controlando las operaciones comerciales en la cadena alimentaria, AICA ha investigado todos los sectores y agentes que operan en la cadena, convirtiéndose en un aliado del sector y un organismo de referencia en la vigilancia del cumplimiento de la Ley.
Las inspecciones realizadas hasta 2017 concluyen que el 81% de las sanciones en Castilla y León se impusieron por incumplir los plazos de pago (31); otras seis fueron motivadas por la falta de contratos a los que obliga la Ley de la Cadena. En el sector de frutas y hortalizas se impusieron 13 sanciones, 9 de las cuales han sido para los mayoristas del sector.
Las bodegas castellanoleonesas han sido sancionadas en 21 ocasiones por no cumplir el plazo de pago con los viticultores. “Castilla y León ha sido una de las Comunidades Autónomas donde AICA ha realizado más inspecciones en los principales sectores productivos” ha señalado Jose Miguel Herrero. “Destaca el alto cumplimiento de la Ley de la Cadena en el sector lácteo, en contraposición con el sector vitivinícola que ha sido sancionado por no respetar los plazos de pago”, ha añadido el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
En cuanto a las denuncias por venta a pérdidas,práctica prohibida por la Ley del Comercio Minorista y que es competencia de las Comunidades Autónomas, AICA ha trasladado a la Administración regional competente las 24 denuncias recibidas para que las investigue.
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