La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, tenía esta semana un encuentro bilateral con el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el primero de estas características desde el nombramiento del ministro el pasado 7 de junio, que responde a la solicitud de la consejera para tratar asuntos trascendentes para el sector agroalimentario y el desarrollo rural de Castilla y León. Marcos ha agradecido la buena disposición de Planas ante las propuestas de Castilla y León.
La reunión se ha centrado en la defensa de la ‘Posición de Comunidad’ de Castilla y León frente a la futura PAC y en la necesidad de modificar las propuestas actuales que ha presentado la Comisión Europea sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC).
La consejera ha hecho entrega al ministro de la ‘Posición de Comunidad’ de Castilla y León sobre la reforma de la Política Agrícola Común, una posición de amplio consenso que fue elaborada con la colaboración de las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas agroalimentarias y todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Posición que fue respaldada también por el Diálogo Social de la Comunidad, asociaciones sectoriales, de mujeres rurales, de jóvenes, redes rurales y colegios profesionales.
"Es necesario no perder ni un solo euro en España de la PAC; es una línea roja que no debe ser traspasada". Según la consejera, para Castilla y León, todo el Gobierno español, encabezado por el presidente, debe defender que se eliminen de las propuestas del Marco Financiero las reducciones planteadas a España en los pagos directos y en el desarrollo rural: los pagos directos afectan directamente a la renta de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, y los pagos en el desarrollo rural afectan a las inversiones que se llevan a cabo en el medio rural en materia agroalimentaria, forestal y de apoyo a inversiones productivas en los pueblos, una herramienta fundamental para la lucha contra la despoblación de las áreas rurales.
Milagros Marcos ha planteado varias alternativas, en los mismos términos en que se habían planteado hace unos meses al anterior Gobierno de España. En primer lugar, en caso de que sigan manteniendo las reducciones financieras en la PAC, y a fin de garantizar tranquilidad y estabilidad al sector, es necesario el compromiso expreso del propio presidente de España de incrementar la partida que aporta el Estado al presupuesto europeo y así asegurar el mismo nivel de financiación actual. Y con ello, instar a los socios europeos en este mismo sentido, tal como hiciera en su momento el anterior presidente del Gobierno para compensar la pérdida del presupuesto propuesto en la nueva PAC por la falta de aportaciones netas del Reino Unido y por el desarrollo de nuevos desafíos europeos.
En segundo lugar, y en caso de no conseguir eliminar las propuestas actuales de reducción ni el incremento de aportación de los estados miembros, Castilla y León propone la creación de un Fondo de Garantía Estatal para compensar las reducciones de financiación que permiten el desarrollo rural en el territorio español.
En este encuentro se han analizado también las aportaciones que desde Castilla y León se han enviado al ministro, en base a la Posición de Comunidad, para conseguir que la reforma de la PAC esté orientada hacia un objetivo claro, la competitividad del sector agroalimentario español, en Europa y en el mundo. Para ello, es necesario modificar las propuestas de reglamento. En este sentido, las reivindicaciones se deben centra,r en primer lugar, en una aplicación de la PAC equilibrada en exigencias en todo el territorio de la UE, con independencia de la existencia de planes estratégicos. La Comisión Europea debe velar por un equitativo nivel de exigencias en los planes estratégicos en todos los países miembros de la UE, con menos burocracia y para evitar que estos planes estratégicos se conviertan en barreras o distorsiones de la competencia, eliminando de esta forma un claro riesgo de renacionalización.
Los planes estratégicos aprobados por la Comisión Europea, basados en la consecución de objetivos específicos establecidos a nivel comunitario, a través de intervenciones o medidas comunes para todos los estados miembros, deben servir de base para garantizar el carácter común de la PAC y el correcto funcionamiento del Mercado Único.
El pago redistributivo no debe distorsionar la eficiencia de las explotaciones; por lo tanto, debe condicionarse en la nueva normativa para evitar este efecto, especialmente en las explotaciones con profesionales que viven de la agricultura.
Posicionar a sectores sensibles, especialmente la ganadería extensiva, tan característica del sector primario de Castilla y León, y de determinados cultivos que son fuente de empleo en la Comunidad, como es el caso de la remolacha y la proteína vegetal, es otra prioridad. Para ello, la consejera solicita la ampliación hasta el 15 % de la financiación de las ayudas directas para subvenciones vinculadas a la producción.
La competitividad también está ligada al relevo generacional. La consejera ha solicitado al ministro mayor apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores, incrementando la tasa de cofinanciación prevista y estableciendo medidas que promuevan el relevo generacional, más allá de las financieras, en la propuesta de la Comisión Europea.
En lo que respecta a la contribución de la PAC, a los objetivos de medio ambiente y cambio climático, es necesario que los reglamentos contemplen las medidas inversoras en explotaciones agrarias, infraestructuras y en industria agroalimentaria, que tengan efectos positivos en el medio ambiente y en el clima, para computar en estos objetivos específicos.
Los instrumentos financieros deben contribuir también a paliar los efectos producidos por las adversidades climatológicas y por la volatilidad de precios, y que las organizaciones de productores y las cooperativas puedan desarrollar instrumentos de gestión de riesgos.
Y en línea con la competitividad, la simplificación debe implantarse de forma clara en el nuevo reglamento; la actual propuesta de la Comisión Europea se ha vuelto a alejar de esta idea, con una complicada gestión y seguimiento de los planes estratégicos, que pueden retrasar la financiación a los agricultores y ganaderos.
Una nueva PAC que trate el equilibrio de la cadena de valores alimentaria
Asimismo, la propuesta de Castilla y León plantea que se refuercen todas las medidas del Reglamento actual de cara a preservar aspectos relacionados con el equilibrio y la transparencia de la cadena de valor alimentaria, en la que el productor es el eslabón más frágil. La consejera ha pedido que se incorporen medidas en el reglamento europeo para fomentar las relaciones contractuales y la transparencia en las relaciones comerciales, esta última con observatorios estandarizados de precios y de costes de producción, como está desarrollando Castilla y León. No a las subvenciones planteadas como subsidios, sino para desarrollar un sistema impulsor de la agricultura por parte de los profesionales del campo.
Por otra parte, la cadena de valor alimentaria se ve afectada por las relaciones comerciales con terceros países, como la consejera ha insistido ante el ministro en el irrenunciable concepto de la reciprocidad en las exigencias sanitarias, medioambientales y sociales. Concepto que debe incluirse en los acuerdos comerciales de la Unión Europea.
La PAC debe contemplar más inversión para el sector agroalimentario y para las áreas rurales como mecanismo de lucha contra la despoblación.
La consejera ve inaceptable la reducción financiera para el desarrollo rural y la reducción de la tasa de cofinanciación europea de las medidas de desarrollo rural; es imprescindible que se mantengan las inversiones en los territorios rurales españoles, muy afectados por el despoblamiento; en este sentido, las inversiones en regadío son imprescindibles.
La consejera y el ministro han coincidido en que el agua en la agricultura es un elemento esencial para la competitividad del sector primario. Además, una buena regulación permite garantizar una parte de este recurso en periodos de escasez y es necesario que las infraestructuras de regadío estén claramente reflejadas y apoyadas en la nueva normativa europea.
Milagros Marcos ha obtenido del ministro Planas el compromiso de continuar con las actuaciones inversoras del Estado en materia de regadío en Castilla y León.
La financiación prevista en 2018, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año, afecta a inversiones en regadíos en Castilla y León en torno a 100 millones de euros, según lo ya comprometido en el marco del Mapa de Infraestructuras de Castilla y León. Todos estos fondos contribuirán a luchar contra la despoblación en la Comunidad; de hecho, donde existe regadío moderno hay hasta un 40 % más de población y se incorporan un 70 % más jóvenes, además del impacto positivo desde el punto de vista medioambiental en ahorro de agua y de energía.
Respecto a modernizaciones de regadío, dirigidas todas al ahorro de agua y la eficiencia energética, es urgente que el Estado afronte ya este año las modernizaciones que afectan a las comunidades de regantes del Canal de Pollos y del Canal de Castronuño, en Valladolid; del Páramo Bajo sector VII y del Canal del Páramo sectores IV y VI, en León; del Canal de Zorita, en Salamanca; y del Canal del Pisuerga, en Santoyo (Palencia).
Respecto a nuevos regadíos, las inversiones del Estado que se están llevando a cabo en Payuelos (León) y La Armuña (Salamanca) deben agilizarse. No hay que olvidar el efecto multiplicador, no solo en la fijación de población y de jóvenes en el sector agrario, sino también en el valor de la producción y la posibilidad de diversificación de cultivos.
Asimismo, la consejera ha entregado al ministro la planificación de obras de regadío en Castilla y León en las que se prevé que participe el Estado a partir de los Presupuestos de 2019. Estas obras son las siguientes: modernización de regadío de la Comunidad de Regantes de Santa María de Candeleda (Ávila); modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes del Canal del Esla (León-Zamora); zona regable de Valderas en el Canal del Porma (León); modernización y consolidación de regadíos de Canales de Inés, Eza, Salcedo y Valdanzo en San Esteban y Langa de Duero (Soria); modernización y consolidación de regadíos de Canal de Zuzones en Langa de Duero (Soria) y en la Vid y Barrios (Burgos); modernización y consolidación de regadíos del río Añamaza, zonas regables de Añavieja, Dévanos y Canal de San Salvador de Agreda, Dévanos y Ágreda y Valverde de Ágreda.
También se prevé la participación del Gobierno en la modernización de los regadíos de Carrión Saldaña-Villamoronta, de Palenzuela-Quintana del Puente, del Bajo Carrión, del Campillo de Buitrago, del Canal de Los Villares, del Canal de San José I, del Canal del Pisuerga. Además de la modernización de la Presa de la Tierra, el Canal Villadangos, los sectores II-III de la margen izquierda del Porma, del Canal de Castañón, del Canal de Velilla, de la Ribera Alta del Porma; de la presa de las Regueras y del Canal de Carrizo.
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