El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora considera, en una sentencia del 10 de noviembre, que la Junta debe indemnizar, como responsable, a un ganadero por el ataque de una bandada de buitres a una vaca y su ternero durante el momento del parto, según informó Coag en un comunicado, en el que aseguró que la "rápida" llegada del veterinario a la explotación zamorana, que hizo fotografías y levantó informe de la causa de la muerte de los animales, fue determinante para el fallo.
Los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2019, sobre las 15.10, cuando la vaca y su ternero, murieron tras ser atacados por los buitres en una localidad de la comarca de Sayago. Ahora, la justicia determina que la Junta debe indemnizar al ganadero y considera insuficientes las medidas previstas para alimentar a la población de aves necrófagas. Por ello, Coag pide a la Junta que no demore más el establecimiento de estas líneas de ayuda a los ganaderos de la Comunidad.
"Los ganaderos constatan cada día con más desafortunada frecuencia el planear de los buitres sobre las granjas con ánimo de atisbar un descuido o un momento de debilidad de las reses para atacarlas. Y esto es así, desde que, hace algunos años en toda la Península, la Unión Europea prohibió el abandono de animales muertos en el campo para atajar la crisis de las vacas locas", indicó la organización agraria.
Según los servicios jurídicos de Coag Zamora, que asumieron la defensa del ganadero, el Juzgado declara que los métodos alternativos para la alimentación del buitre leonado que viene autorizando la Administración, que son los muladares autorizados y las autorizaciones a determinados ganaderos para abandonar los animales muertos en el campo, se han revelado "insuficientes" para alimentar a la población de aves necrófagas, y que “esta insuficiencia es la que determina el cumplimiento de los requisitos de la responsabilidad patrimonial”.
Asimismo, el sindicato explicó que no es la primera vez que la Junta de Castilla y León es condenada a indemnizar daños que causan los buitres sobre el ganado vivo, pues el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca ya la condenó en el año 2019 por un ataque de buitres a una explotación porcina.
Al respecto, la organización denunció que Castilla y León, a diferencia de la mayoría de las comunidades autónomas que tienen presencia de buitre leonado, no tiene establecida ninguna indemnización para los ganaderos que sufran ataques de buitres en sus explotaciones, lo que supone para ellos un "importante agravio" comparativo respecto de los ganaderos de otras comunidades autónomas que ya las tienen establecidas, como La Rioja, la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, así como los territorios históricos de Álava y Vizcaya.