El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobaba este pasado jueves una partida de 218.870 euros destinada a la contratación, por tres años, del servicio de gestión integral de los residuos que generan las más de 1,4 millones de analíticas que los laboratorios y unidades veterinarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería realizan anualmente para garantizar la sanidad animal de Castilla y León.
El laboratorio regional de sanidad animal de León, el laboratorio agrario regional de Burgos, el Censyra, el centro de selección y mejora genética del ovino, los laboratorios provinciales de sanidad animal, las unidades veterinarias, llevan a cabo diversos controles analíticos a los animales de la cabaña ganadera de la región, entre los que se encuentran los practicados a los de la especie bovina, ovina y caprina muertos en las explotaciones o sacrificados para el consumo, los test para el control de las encefalopatías espongiformes bovinas y ovinas, la gripe aviar y otras epizootias dentro de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Los actos analíticos practicados por los profesionales de dichos laboratorios, centros y unidades veterinarias producen residuos que de no ser tratados de forma clasificada y especializada constituirían un riesgo para el medio ambiente y para la salud humana y animal. En 2015, sólo en el laboratorio regional de León los actos clínicos fueron 696.777 y en el conjunto de laboratorios provinciales se alcanzaron las 1.464.265 pruebas analíticas.
Los buenos resultados de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales de los últimos años, han permitido reducir la prevalencia de las enfermedades ganaderas facilitando la eliminación de las barreras sanitarias en las transacciones ganaderas interterritoriales. Esta situación determina la reducción del número de pruebas obligatorias a realizar en las explotaciones.