La aprobación de este Real decreto se produce justo una semana después de la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Estados Unidos contra productos europeos como el aceite, vino o lácteos por valor de 7.500 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros) anuales.
En concreto, se trata de medidas para la promoción en terceros países, reestructuración y reconversión de viñedos -incluida la replantación por motivos sanitarios-, inversiones, cosecha en verde y destilación de subproductos.
Dicho programa, financiado con fondos comunitarios, constituye una herramienta fundamental para la competitividad de sector vitivinícola español, según ha resaltado el Ministerio de Agricultura.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha resaltado que España es el principal exportador de vino, por lo que todos los programas de apoyo al sector son "muy bien utilizados y muy bien recibidos".
Con las modificaciones introducidas se quiere obtener una mayor eficacia en la ejecución de los fondos asignados al Programa de Apoyo con objeto de optimizar la financiación de la Unión Europea, así como aclarar algunas disposiciones para facilitar su aplicación.
En concreto, el texto aprobado este viernes adecua la norma española a la modificación del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola que fue remitida a la Comisión Europea en mayo de 2019 con el fin de mejorar su aplicación, incluir las recomendaciones efectuadas por la Comisión e introducir ajustes técnicos derivados de la experiencia en la aplicación del Real Decreto hasta ahora vigente.
Entre las modificaciones se incluye la ampliación del ámbito de las actividades subvencionables y se limita el plazo de presentación de renuncias de las operaciones aprobadas, para poder aprovechar los fondos sobrantes en otras operaciones.
Con la aprobación del nuevo Real Decreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación continúa apostando por la mejora de la competitividad del sector vitivinícola español a través del refuerzo de sus estructuras productivas y de la promoción en países terceros, lo que redundará en el crecimiento de la capacidad de comercialización de España y de sus exportaciones, "en un momento delicado en los mercados internacionales", señala el departamento.
El PASVE tiene una dotación de 210 millones de euros anuales de fondos comunitarios. De los 1.100 millones de euros de presupuesto ejecutado en el periodo 2014-2018 se han beneficiado un total de 40.679 agricultores y 1.247 bodegas, además de los beneficios indirectos que sobre el sector vitivinícola ha tenido la promoción ejercida a través de 2.394 programas en dicho periodo.
En cuanto al ejercicio 2019, con los pagos concluidos a 15 de octubre, cierra con una ejecución del 94%.