“Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone, España camina hacia una agricultura sin agricultores”. Así se refleja en el primer estudio realizado en España sobre los efectos del nuevo orden económico mundial en el modelo social y familiar de agricultura. El estudio de COAG indica que “la brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en asalariados de las grandes corporaciones agroalimentarias”.
Bajo el título, ‘La uberización del campo español’, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha señalado que las últimas crisis de precios en el sector del aceite de oliva, frutas y hortalizas, leche o vino, tienen mucho que ver con los síntomas de este cambio de modelo.
Blanco asegura que lo más perjudicados por la ‘uberización del campo’ serán los 344.000 agricultores más profesionalizados; las pymes del agro, el verdadero pulmón económico y social del medio rural y dique de contención contra la despoblación y la desertización en centenares de comarcas.
El responsable de COAG ha señalado que este documento es un primer paso para abrir un proceso de reflexión, analizar qué está ocurriendo y plantear soluciones. “Presentaremos el estudio a los diferentes grupos políticos del Congreso y al Gobierno cuando se constituya. Exigiremos medidas políticas y económicas para revertir esta situación. Lo primero: decidir si queremos una agricultura con agricultores en el marco de una economía social agraria o una agricultura con grandes empresas y empleados en el campo”.
Entre las principales conclusiones y tendencias se pueden destacar las siguientes:
La “paradoja agro”. Cifras macroeconómicas de récord y cierre de explotaciones. El sector agrario va viento en popa: la renta agraria alcanzó en 2018 una cifra récord de 30.217 millones, franqueando por primera vez la barrera de los 30.000 millones y con tendencia creciente desde 2012, según los datos del Ministerio. Asimismo, las exportaciones agroalimentarias han aumentado un 97,5% en los últimos 10 años, con una tendencia positiva hasta un nuevo récord, otro, de 50.349 millones. Sin embargo, el cierre de explotaciones por falta de rentabilidad y ausencia de relevo generacional es incesante.
El “sándwich” de agricultor. Presión en costes y precios. Los agricultores/as están en el medio de la cadena de valor, en la parte ancha de un doble embudo: frente a 945.000 explotaciones agrícolas y ganaderas (INE, 2016), en uno de los cuellos del embudo se encuentra la distribución comercial, fuertemente concentrada: los seis primeros grupos de distribución comercial concentran el 55,4% de la cuota de mercado en España, según cifras de Kantar Worldpanel para junio de 2019. Pero por el otro lado, en el otro estrechamiento, le compramos nuestros insumos a menos empresas, que son cada vez más grandes y poderosas.
El ocaso de la explotación familiar tradicional. Según la Encuesta de Población Activa, en la agricultura había 306.000 trabajadores por cuenta propia, únicamente 20.000 son ayudas familiares, mientras que asalariados ocupados teníamos 513.000 trabajadores (más 200.000 parados). La explotación familiar tradicional ha desaparecido prácticamente.
Concentración de la producción (y la riqueza) en menos manos. El último informe es más que ilustrativo. En España hay 1 millón de explotaciones agrarias. El 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas. Ese 6,6% de las explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42% del valor de la producción.
Aterrizaje de los fondos de inversión. En los últimos años el sector primario ha experimentado una creciente entrada de capital externo. La presencia de inversores ajenos no es nueva, pero en los últimos tiempos se constata un aumento del interés de los inversionistas por la agricultura. Las causas para este floreciente atractivo son múltiples y combinadas.
Conformación de oligopolios. Además, comienzan a verse procesos de integración toda la cadena, tendentes hacia el oligopolio, desde los proveedores de insumos, pasando por la producción hasta la comercialización que llega al consumidor. En esta situación de integración, los agricultores/as se pueden ver inmersos en el proceso de alineación de intereses de la cadena y convertidos en meros obreros y maquileros, con riesgo además de ser automatizados y sustituidos por robótica.
Cadenas de valor integradas. La operativa integrado parte de una premisa básica; los agricultores asumen el riesgo productivo, mientras mantienen la propiedad de la tierra. Tienen contratos de compraventa de producto a largo plazo con las empresas integradoras y reciben asesoramiento técnico, insumos productivos y permisos para plantar y producirlas variedades de los productos agrícolas que son propiedad de las integradoras. Los costes son elevados, ya que se busca un producto de calidad. Los precios que se pagan al agricultor cubren los costes de producción, pero con una rentabilidad supervisada y muy limitada. La integración puede presentar beneficios, pero también riesgos: la integradora asegura una rentabilidad en tanto en cuanto tenga voluntad de hacerlo. La supervivencia de un agricultor, en especial si su explotación no está diversificada, queda supeditada al destino y a los intereses de la empresa integradora. Si la empresa integradora quiere hacerse con los medios de producción del agricultor, con sus tierras o sus derechos de agua, no tiene más que ajustar los precios de compra o elevar los costes de producción para ahogar financieramente al proveedor, que acabará cediendo a las presiones de venta. Otra posibilidad es que las integradoras acaparen suficiente producción propia y no necesiten mantener relaciones de integración con productores, que se verían abocados a estrellarse en el mercado, al no existir estructuras comerciales al margen de estos gigantes, además de padecer serias dificultades financieras en el desenganche de estas compañías.
Especulación y deslocalización. Por otro lado, la entrada de fondos de inversión en estas grandes empresas, para soportar su crecimiento y la necesidad aparejada de liquidez, eleva la especulación y pone el riesgo el futuro a largo plazo de las propias empresas y, con ello, de los agricultores que dependen de ellas, dado que buscan un retorno económico en un plazo muy concreto y no tienen problemas en abandonar las empresas una vez obtenido, al carecer de arraigo sectorial o territorial. Pero no sólo afecta a empresas y agricultores, sino también a toda la economía y empleo que se genera en las zonas de producción.
Transformación digital. La digitalización agraria es un gran reto para el sector, con grandes oportunidades, pero también riesgos y amenazas para nuestro modelo de agricultura y alimentación. “Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de situar al agricultor en el centro del proceso y convertirlo en protagonista del mismo. Si no ponemos en valor el papel de relevancia que tenemos en este cambio, tomando conciencia de que ahora no sólo produciremos alimentos sino también datos – que tienen mucho valor – corremos el riesgo de que este tsunami acabe con el modelo de producción familiar y profesional. Apostamos por una transformación digitalización inclusiva y democrática”.