Durante el estado de alarma por el coronavirus, la diferencia entre lo que perciben los productores y lo que pagan los consumidores se han agrandado. Así lo asegura la Unión de Campesinos de Castilla y León, tras revisar los datos publicados por Eurostat relativos a los índices de precios de la alimentación. "Las cosas siguen igual que cuando estábamos con los tractores en la calle en febrero y marzo”, advierten desde UCCL, que considera imperativo adoptar nuevas medidas para corregir la situación.
UCCL, que ya puso en evidencia el aumento de esta brecha, resalta cómo en los últimos meses este incremento ha sido mayor, situándose en los 6,4 puntos en julio. Este hecho representa un incremento del 47% respecto a la ya amplia brecha que existía en febrero, situada en los 4,3 puntos.
Estas cifras parecen indicar, por tanto, según la organización, que las grandes cadenas de alimentación han hecho “el agosto” durante la crisis del covid-19, llegando a incrementar sus cuotas de mercado por la limitación en el uso de canales cortos por motivos sanitarios.
La organización se muestra crítica y destaca que ni la Ley sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en 2014, cuyo fin era el de reforzar la posición de los agricultores y ganaderos dentro de la misma, ni el Real Decreto sobre medidas urgentes en el sector agrario, que entró en vigor en febrero de 2020, parecen funcionar.
UCCL solicita al Gobierno que, tanto en el proyecto de Ley sobre medidas urgentes como el Anteproyecto de Ley de cadena alimentaria, todavía en trámite en las Cortes, se incluyan medidas que contribuyan a fortalecer la posición de los productores dentro de la cadena.
La organización pone sobre la mesa en las propuestas que ha presentado tanto al Ministerio como a los grupos parlamentarios, la definición de posición de dominio por parte de la industria y/o la distribución, fijar unos costes de producción oficiales que sean el punto de partida en los contratos, revisar el sistema de sanciones para que sean verdaderamente disuasorias e incrementar los controles de las prácticas desleales a lo largo de la cadena, dotando con más recursos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y mejorando la coordinación con las comunidades.
“Tener la mejor Ley es fundamental, pero no suficiente” aclaran desde UCCL, que considera clave que la norma deba acompañarse de cambios en la política comercial, fomento de la concentración de la oferta, una PAC que proteja a los profesionales y al modelo agrario y unas interprofesionales legitimadas en su formación y decisiones que refuercen los compromisos sectoriales.
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