El Consejo de Gobierno aprobará previsiblemente a finales de enero el proyecto de decreto ley de Caza, una norma adaptada al “siglo XXI” que dará “garantías y flexibilidad al sector”, con el fin de evitar polémicas judiciales en torno al ámbito cinegético de la Comunidad, que durante 2020 mantuvieron en vilo a la Administración regional y a los más de 120.000 practicantes con licencia en Castilla y León.
La intención de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es enviarlo a las Cortes en el periodo de sesiones que ahora comienza para que el Parlamento autonómica pueda dar luz verde a una norma que ha sufrido algún retraso más del esperado y que persigue, principalmente, tres elementos: flexibilidad, garantías y seguridad y corregir la imagen que se ha dado en los últimos años de un sector “capital” para la Comunidad, tal y como lo definió, en declaraciones a Ical, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Angel Arranz.
En la actualidad, la Junta mantiene en vigor la última norma aprobada, que “está sirviendo, pero para algún tema, como control de daños agrícolas y fechas, es algo más rígida”. Sin embargo, Arranz destacó que al final, con la nueva ley, quedará derogado el decreto anterior, si bien recordó que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional dieron la razón a la Junta y la sala había anulado esa suspensión cautelar.
Ahora, en la ley modificada en vigor se sumaron los elementos necesarios para poder cazar “con ciertas garantías y sin contratiempos jurídicos”, pero el objetivo es ir más allá: “Implantar una ley mucho más moderna, que permitirá llevar un mayor control de lo que se captura, controles más rigurosos y una explotación modélica en la que quizás será de las más avanzadas de España”. Ello permitirá que en el medio plazo que la percepción sobre la actividad cinegética, “socialmente, pueda mejorar”.
Además de intentar dar carpetazo a las polémicas judiciales, la Junta pretendía también dar un giro con una legislación “del siglo XXI, entendiendo la caza como una actividad que tiene que permitir el desarrollo rural, el control poblacional y la conservación de las especies cinegéticas”. Da garantías, prosiguió Arranz, de que cuando una especie se caza “es porque tiene una población de conservación favorable, porque si no, la ley permite poner controles”.
Otro de los puntos será la flexibilidad, según la titularidad de cada coto, de elaborar controles poblaciones de determinadas especies, como el jabalí, el conejo, el corzo y el venado. Se sustentará sobre una actividad con una “planificación previa, control serio y riguroso y aprovechamiento sostenible que garantiza la supervivencia de las especies”.
Una de las novedades de la ley conllevará la obligación a los propietarios de los cotos de elaborar censos quinquenales de las especies cazables, y que se cotejarán de forma común en una base de datos autonómica. “Cada coto de caza tiene unos planes periódicos que suelen ser quinquenales y en los que exigiremos censos cada cinco años que nos ayude a saber cómo están las poblaciones”, añadió. De este modo, se podrá conocer cómo está la perdiz o la liebre en un coto y al llevarlo a la base de la Comunidad, se conocerá la población total. A eso se sumará un seguimiento con los medios propios de personal de campo de Medio Ambiente. “El fin último es saber qué estamos extrayendo de la población de fauna”, explicó a Ical.
El propio consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confió recientemente en que la nueva ley contará con “las partidas necesarias para la puesta en marcha de las medidas en ella contempladas, entre otras, los instrumentos de planificación cinegética”. Por fortuna para el sector, parece que se avecinan tiempos de certidumbre.
Modelo compatible de gestión del lobo
José Ángel Arranz se refirió también a la polémica suscitada por la gestión del lobo, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica expresara a finales de año su intención de incrementar la protección del cánido. Al respecto, recordó que Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria cuentan con el 98 por ciento del censo de lobo nacional y las cuatro coinciden en que se trata de una media “poco acertada” y una “interpretación equívoca” del Ministerio. Si bien reconoció en que esta iniciativa se fundamenta en un informe técnico que señala que el estado de conservación de la especie, “con el estatus actual, es favorable”, también admite que ese documento habla de que el lobo “tiene un valor cultural”. “Ambas son compatibles”, comentó.
En Castilla y León, aseveró el director general, ya se promociona su figura con el Centro de Interpretación del Lobo en Sanabria o el mantenimiento de recursos etnográficos de chorcos o corrales. “Esa actividad turística es compatible y es acertada. Evita más el conflicto social el modelo actual que lo que propone el Ministerio”, defendió.
De hecho, reiteró que en las reservas regionales de caza en las que se produce este modelo de caza, “que es donde más se practica, es porque son las zonas donde hay más lobos de España y del mundo por densidad”. Se trata de la Sierra de la Culebra, en Zamora, Riaño y Mampodre, en León, y Fuentes Carrionas, en Palencia, donde se caza aproximadamente la mitad de los lobos. De estas zonas es “de donde han salido mucho de los que han colonizado otros territorios”. Como ejemplo, citó el caso de la vecina Portugal o Andalucía, con poblaciones estrictamente protegidas pero “mucho peor en cifras e incluso desaparecidas en algunas zonas”. “Cambiar el estatus generará más problemática”, finalizó.