Hace aproximadamente un mes que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación colgada de su página web la última propuesta de “ecoesquemas” planteada como parte del actual Plan Estratégico de la PAC que entrará en vigor en 2023. Esta plantea siete ecoesquemas principales con destino a aquellos beneficiarios que voluntariamente los soliciten y lleven a cabo en las hectáreas de su explotación que sean elegibles al menos una práctica de las propuestas. Además, propone dos ecoesquemas complementarios a los anteriores, entre los que se podría elegir uno de ellos, y que el propio Ministerio está valorando si integrar dentro de los importes y requisitos de los ecoesquemas principales.
De los nueve ecoesquemas propuestos, y según el propio Ministerio, tan sólo uno de ellos tiene carácter incentivador (la gestión sostenible de insumos), en tanto los otros ocho (pastoreo extensivo, siega sostenible, pastoreo racional, siembra directa, rotación con especies mejorantes, áreas no productivas, cubierta vegetal viva y cubierta vegetal inerte) se consideran compensatorios.
En esencia esto se traduce en que los importes a percibir por parte de los productores que se acojan a estos ocho últimos vienen sencilla y llanamente a “cubrir en la medida de los posible, conforme a la disponibilidad presupuestaria”, es decir, prácticamente limitarse a lo sumo a compensar los costes adicionales en la mayor parte de los casos, cuando no también el lucro cesante, que motiva su puesta en práctica. Y en cuanto al único ecoesquema con carácter incentivador ya mencionado, desde COAG consideramos que, en último término, los importes que los agricultores puedan llegar a percibir por el mismo tampoco vayan más allá de servir para sufragar la obligatoria mayor burocratización que supondrá la digitalización y la contratación de asesores que los beneficiarios deberán realizar para su implementación.
Y es que conviene tener muy presente que, según la nueva arquitectura verde diseñada y aprobada el pasado mes de junio por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, los ecoesquemas tendrán un peso del 25% en el presupuesto PAC del primer pilar (si bien, en principio, en el caso de España está previsto justificar un 23% en el primer pilar y el 2% restante hasta el ringfencing del 25% vía FEADER). En cifras globales España destinará a ecoesquemas unos 1.100 M€ anuales.
COAG rechaza los planteamientos propuestos porque tal cual viene advirtiendo desde que se diseñó la nueva arquitectura verde, las agricultoras y los agricultores profesionales de Castilla y León tendrán que asumir nuevos gastos y lucros cesantes que el mercado no va a remunerar, con la consiguiente caída en sus rentas. Y este recorte, en última instancia se verá además gravado por el hecho de someter a los productores a una competencia claramente desleal con respecto a las producciones que lleguen a Europa desde terceros países con exigencias más laxas en su agricultura.
Por otro lado, COAG considera que puede comprometerse seriamente el cultivo del maíz en las principales zonas maiceras de nuestra comunidad autónoma, donde este cultivo es una pieza clave en las explotaciones agrarias, bien sea por tratarse de comarcas donde el monocultivo de esta especie es habitual porque las posibilidades de rotación con otros cultivos son escasas o porque sencillamente esos otros cultivos no resultan rentables o no son técnicamente viables como alternativa. En estas áreas, que tienen su máximo exponente en las explotaciones que practican un cuasi monocultivo en la provincia de León, de acogerse los profesionales a cualquiera de los dos ecoesquemas principales inicialmente previstos por el Ministerio para regadíos (rotación con especies mejorantes y áreas no productivas), se vería seriamente comprometida la rentabilidad global de las propias explotaciones en su conjunto.
Esta organización defiende desde su origen la sostenibilidad medioambiental de la producción agraria, pero siempre vinculada a la sostenibilidad económica y social que estas propuestas ponen en peligro.