COAG denuncia hoy que las explotaciones ganaderas que sufren ataques de lobo no recibirán indemnizaciones con la aprobación de la protección del cánido por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico al ser incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
De acuerdo con la normativa autonómica, en los terrenos cinegéticos al norte del Duero de los que la Comunidad Autónoma es titular, en las diez reservas regionales de Caza, los daños generados por el lobo dejarán de ser compensados al ganadero al no ser especie cazable, según trasladó en un comunicado. Éstas son Sierra de Gredos, Sierra de la Demanda, Ancares Leoneses, Mampodre, Riaño, Fuentes Carrionas, Las Batuecas, Urbión, Sierra de La Culebra y Lagunas de Villafáfila.
La organización agraria apoyó los recursos interpuestos por las comunidades autónomas y las opas contra la orden ministerial de sobreprotección del cánido, pero exigió que mientras se resuelve el largo procedimiento judicial, la Junta de Castilla y León promueva una normativa sobre la compensación de daños soportados por las explotaciones ganaderas.
En este sentido, COAG reclamó a la ministra la publicación urgente de las ayudas prometidas, por importe de 20 millones de euros, para compensar los daños que ocasione el lobo tras dejar de ser especie cazable.
Por otra parte, la orden que regula las ayudas de la franquicia de los seguros por daños de lobo al norte del Duero tampoco se aplica en estos espacios, pues “excluye de esta posibilidad a los daños soportados en los terrenos cuya responsabilidad corresponde a la Junta”. Es decir, actualmente, conforme la normativa vigente de aplicación, los daños por ataques de lobo en las explotaciones ganaderas situadas en Reservas de Caza no cuentan con ninguna posibilidad de indemnización pública.
COAG achacó esta circunstancia a la “improvisación, el desatino, la falta de rigor técnico, de descoordinación y de falta de sensibilidad” con el sector ganadero por parte del Miteco. “Nace desde una motivación puramente ideológica en el Ministerio. Y consecuencias aún más graves conlleva que las meramente indemnizatorias, pues solamente se justificaría el control de los ejemplares de lobo que provocan los daños con sus ataques cuando el ganadero demuestre que las medidas de protección adoptadas han resultado ineficaces o que existen perjuicios importantes y recurrentes”.
Estos criterios suponen que “ningún lobo será capturado o extraído en Castilla y León, aun cuando provoque cuantiosos daños en las explotaciones ganaderas”. “O bien se capturarán cuando no exista rebaño que proteger”, alertó el sindicato.
Por ello, propuso a la Junta que, con carácter retroactivo al 22 de septiembre de 2021 y hasta que se resuelva el contencioso, se reconozcan medidas de compensación de daños, ampliando al norte del Duero los pagos compensatorios ya establecidos para los terrenos situados al sur, “sin necesidad de contar con seguro que cubra dicha contingencia”.
Asimismo, instó al Gobierno autonómico a establecer, con carácter retroactivo y de forma transitoria, ayudas específicas por daños en terrenos cinegéticos de su titularidad ocasionados por especies no cazables como el lobo, pues ya existe una línea similar como la contemplada para la avutarda en la Reserva Natural de Villafáfila.
Por último, COAG exigió a Teresa Rivera la publicación urgente de las ayudas prometidas, por importe de veinte millones de euros, para compensar los daños que ocasione el lobo una vez que este depredador ha dejado de ser considerado especie cazable.