La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural convocó el pasado 15 de junio las Ayudas para la Mejora de la Producción y Comercialización de la miel para el ejercicio de 2020. “Y por enésimo año, el importe de las ayudas baja del mismo modo que el nivel de exigencia para acceder a las mismas sube”.
Esta es una afirmación de COAG Castilla y León, quienes consideran que, a la vista de este paisaje, el organismo parece que “quisiera dejar a la deriva al potente sector apícola de Castilla y León”, a pesar de que presenta unas cifras “envidiables”. Según detallan, la apicultura de la Comunidad emplea a 5.000 personas, factura 40 millones de euros y cuenta con 5.200 explotaciones, el 15% de toda España.
Así, analizando el coeficiente de prorrateo (porcentaje de la solicitud que puede pagarse en función de los fondos disponibles) aplicado en los 3 últimos años, se puede ver que en 2017 se aplicó un coeficiente corrector del 91,10% sobre el importe a percibir, en el año 2018 un 83,91% y en el año 2019 un 80,10%, lo que supone una pérdida de la quinta parte del importe total a percibir, y que dejó un saldo medio recibido por colmena inferior a 4,50 euros.
Estos datos contradicen el espíritu del Plan Nacional Apícola, en tanto que Castilla y León no ejecuta el 100% del presupuesto disponible. Es decir, que “se pierde dinero procedente del FEAGA y del Ministerio, cuya aportación a las ayudas para los apicultores de la región es del 75% de las mismas”. Dicha pérdida de fondos vendría originada por “la mala gestión del procedimiento, tanto de la evaluación como de la asignación de la ayuda, que ha supuesto que en algunos ejercicios se dejen sin gastar cantidades cercanas al 20 por ciento de los fondos provistos para conceder las ayudas”, prosigue la organización en un comunicado.
Por otra parte, las injustificadas exigencias de la administración autonómica hacen que muchos apicultores “se cuestionen si realmente les interesa solicitar esta ayuda”, aseguran, y ponen el ejemplo de que en los dos últimos años la Junta ha exigido la presentación de extractos de cuentas bancarias para la justificación de la ejecución de las inversiones, medida que COAG Castilla y León ha denunciado públicamente por vulnerar la privacidad de los apicultores.
En este año, como novedad, a los apicultores profesionales se les obliga a declarar la ubicación exacta de todos sus colmenares, “medida que no ha sentado bien en el sector, ya que el recoger coordenadas de todos los asentamientos supone un coste que la subvención no cubre”.
Si se compara esta ayuda para la Mejora de la Producción y Comercialización con la otra gran subvención directa a la apicultura, la ayuda agroambiental enmarcada dentro de la PAC, “observaremos que por debajo de los 12,60 euros por colmena, a los apicultores no les interesa solicitar la subvención dado el coste que requiere cumplir los requisitos exigidos”. Llama por tanto la atención que la Consejería de Agricultura pretenda que los apicultores localicen todas las coordenadas de los asentamientos por unos 4 euros por colmena, lamentan.
Además, todo lo anterior va radicalmente en contra de lo que continuamente demanda el sector, “pues pedimos que se legisle una normativa de ordenación actualizada y parece ser que se esté usando la subvención para realizar una regulación del sector encubierta”.
Otra de las grandes novedades es el sistema de controles, lo que obliga al apicultor a visitar todas las unidades veterinarias donde tenga colmenas en caso de ser seleccionado para control. Medidas “cada vez más duras que hacen que al apicultor le cueste cada día más trabajo percibir menos dinero”.
Por último, desde COAG recuerdan que el sector comenzó el año con importantes movilizaciones que se vieron interrumpidas por la crisis sanitaria y publicar estas ayudas en la actual situación de alerta sanitaria deja la sensación de que la Junta de Castilla y León “ha tensado demasiado la cuerda”.
COAG denuncia que la Consejería de Agricultura actúa como si “quisiera cargarse la apicultura profesional” de Castilla y León
La organización asegura que el organismo complica cada vez más los requisitos para ser beneficiario de las ayudas y los importes se reducen continuamente y que en tres años se ha eliminado la quinta parte de la cuantía de las subvenciones.
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