Esta organización ha presentado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) varios ejemplos de contratos que infringen la Ley de Cadena Alimentaria.
Así, según la organización agraria, en un contrato presentado a un viticultor de la Denominación de Origen de Jumilla se observan unas tablas de precios de 0,18 euros por kilo, muy debajo de los costes de producción oficiales para la región de Murcia, 0,47 euros por kilo, según el estudio de costes de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia.
Tras este tipo de prácticas irregulares se esconde, según COAG, una "feroz" guerra de precios para ganar cuota de mercado en el lineal del supermercado ante la caída del consumo de vino en bares, hoteles y restaurantes.
"Los grandes industriales y bodegas pretenden que los viticultores financien su nueva estrategia comercial por el Covid. Los datos reales de existencias, cosecha mundial y exportación no justifican una reducción del 30% en el precio de la uva", ha subrayado el responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaíno.
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