La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, ha asistido este miércoles en Bruselas al Pleno del Comité Europeo de las Regiones, en el que, entre otros asuntos, ha apoyado la continuidad de una PAC “justa, sostenible y solidaria para los agricultores”.
La Junta de Castilla y León ha presentado diferentes enmiendas propias y apoyos a otras comunidades en materia de demografía, eficiencia energética, internacionalización empresarial y simplificación administrativa.
El planteamiento conjunto de Castilla y León y el resto de las comunidades autónomas españolas con diferentes propuestas para minimizar los efectos del Brexit ha sido otro de los asuntos tratados en esta sesión plenaria. Castilla y León coordinará este semestre la participación de las comunidades autónomas en los consejos de ministros europeos de Agricultura y Medio Ambiente.
Castilla y León participa activamente también en la elaboración de ‘La PAC después de 2020’. Para la Comunidad es esencial que los europeos cuenten con una política agrícola justa, sostenible y solidaria al servicio de los agricultores, los territorios, los consumidores y los ciudadanos.
Por otro lado, la Comunidad ha sido pionera entre las regiones europeas que han querido avanzar en la elaboración de políticas encaminadas a solucionar los problemas de despoblación que sufren muchas de ellas. Por este motivo, la Junta ha presentado hoy en Bruselas una enmienda destinada a abordar los retos demográficos que presentan las regiones de la Unión Europea al considerar que estos podrían paliarse, en parte, gracias a proyectos de investigación centrados en la innovación social, como señala el dictamen del CDR ‘La innovación social como nueva herramienta para abordar los desafíos sociales’ .En este ámbito, Castilla y León también ha presentado una enmienda para incluir a las regiones afectadas por retos demográficos entre las consideradas territorios con características específicas -geográficas, económicas, sociales y demográficas- que podrán utilizar los indicadores pertinentes para apoyar la aplicación de políticas públicas que aborden los retos que afrontan.
Además, Castilla y León ha mostrado su apoyo a enmiendas de otras regiones, entre ellas, al impulso de la colaboración universidad-empresa, considerando que las políticas educativas y de desarrollo europeas más recientes recogen la necesidad del aprendizaje dual. Castilla y León ha apoyado también la enmienda destinada a atender el fomento de la vocación científico-tecnológica en las mujeres, ya que para Comunidad su presencia en carreras universitarias de ingeniería y tecnología sigue siendo en la actualidad comparativamente mucho menor que en otras áreas.
El Gobierno autonómico ha reclamado también la mejora de la financiación de proyectos de innovación para pymes, con foco en los programas Industria 4.0, como una mejor forma de vertebrar el tejido industrial europeo, generando además una demanda tecnológica interna que favorezca el desarrollo europeo. La Comunidad ha solicitado además más apoyo a las redes de transferencia de tecnología, como la Enterprise Europe Network (EEN), ya considera que han demostrado su alto valor al impulsar la innovación e internacionalización de las empresas. Con el fin de fidelizar el proyecto de construcción de conocimiento en Europa e identificar el talento europeo, la Comunidad aboga además por apoyar la carrera de los investigadores en todas sus etapas y facilitar la incorporación de su trabajo al mercado y ámbito empresarial.
La Junta también respalda continuar con la simplificación administrativa en la tramitación de las ayudas y facilitar el acceso a los interesados a través de la centralización de estas subvenciones en un portal único de acceso de información o introducir información de los programas en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea.
Repercusión del Brexit en las comunidades autónomas
La Delegación Española ha entregado hoy al presidente del Comité de las Regiones el documento ‘Posición común de las comunidades autónomas en relación con el Brexit’ en el que se incluyen, de forma consensuada, las peticiones concretas para que las repercusiones sean lo más leves posibles para los ciudadanos.
Castilla y León ha apoyado hoy las propuestas enfocadas a defender los intereses de las comunidades autónomas ante la nueva situación de Reino Unido, como mantener la actual propuesta de un único equipo negociador por parte de la Unión Europea; esto asegura el fortalecimiento de la posición negociadora de las comunidades, con la pretensión común de que Reino Unido cumpla con los compromisos previamente adquiridos.
La representación española ha planteado la necesidad de que el nuevo Marco Financiero Plurianual mantenga unas asignaciones suficientes para las diversas políticas comunes. Las comunidades autónomas, en relación con el presupuesto 2014-2020, apoyan la posición del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo en relación con la necesidad de que el Reino Unido cumpla con los compromisos financieros contraídos para que la retirada del Reino Unido de la UE tenga la menor incidencia posible en el Marco Financiero Plurianual.
Castilla y León, junto con el resto de comunidades, ha solicitado en el Pleno que el Comité de las Regiones sea informado permanentemente del proceso de negociación con el objetivo de que las empresas puedan adaptarse a las situaciones venideras mediante previsiones de impacto y ha demandado que la Unión Europea garantice la política de cohesión para evitar que las regiones puedan verse afectadas por la actual situación, al verse reducidos los fondos europeos en este sector.
Sobre los derechos de los ciudadanos de la UE residentes en Reino Unido, y viceversa, en especial en relación con la libre circulación de personas, la viceconsejera María de Diego ha mostrado el interés de la Junta por que se respeten las condiciones de reciprocidad, equidad, simetría y no discriminación, defendiendo un acuerdo de libre comercio que garantice un buen nivel de acceso a los mercados. La Educación y la Sanidad también han sido temas analizados; la Junta ha pedido el mantenimiento de las condiciones actuales tanto en las equivalencias académicas como la asistencia sanitaria ante la nueva situación.
Por último, desde el Gobierno autonómico ha insistido en la necesidad de que las comunidades sean permanentemente informadas del proceso de la negociación en el marco de los mecanismos orgánicos de cooperación interadministrativa y sobre aquellos ámbitos en los que les corresponda la competencia exclusiva. Asimismo, ha solicitado que las incidencias generadas por el Brexit con interés específico en una única comunidad autónoma puedan ser objeto de tratamiento particular en el marco de los instrumentos bilaterales de relación con el Estado.
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