La organización agraria Asaja de Castilla y León pide al equipo de gobierno de la Junta de Castilla y León, constituido por las fuerzas políticas Partido Popular y Ciudadanos, que no incluyan al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) entre los entes del sector público cuya continuidad va a ser cuestionada por una comisión específica cuya creación fue anunciada este miércoles.
Para Asaja, el Itacyl está respondiendo en todo momento a los objetivos para los que fue creado, que no son otros que los de dar más agilidad a la ejecución de ciertas competencias en materia de política agraria, que la que puede proporcionar la estructura funcionarial de la administración. Competencias como la ejecución de infraestructuras agrarias, entre ellas el desarrollo y modernización de regadío; los proyectos de I+D+I vinculados al campo, y los controles de calidad agroalimentaria, están siendo ejercidas con indudable eficacia y rigor presupuestario. Es más, en opinión de Asaja, la administración lo que debe de hacer es evitar duplicidades que todavía se están produciendo entre las funciones del Itacyl y las competencias de algunos de sus servicios que sigue manteniendo sin una explicación convincente, como es el caso de la ejecución de determinadas concentraciones parcelarias.
Las razones que se expusieron en su día para que las Cortes de Castilla y León aprobasen por ley la creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León siguen hoy vigentes: “La necesidad de un Ente Público de Derecho Privado, sujeto para determinadas cuestiones al Derecho Público, más apto para gestionar procesos que puedan generar un voluminoso tráfico jurídico y económico con terceros, que requiere formulas ágiles y especializadas de gestión del personal y exige o puede exigir conciertos con empresas o acudir a fuentes de financiación mixtas en el seno de fórmulas de gestión sometidas al derecho privado”.
Asaja pide al Partido Popular y a Ciudadanos que destinen sus esfuerzos a revisar lo que no funciona, que es mucho, y que pongan medidas para mejorarlo, en vez de cuestionar lo que sí funciona desmotivando a quienes trabajan con más entrega y peores sueldos que los políticos que toman las decisiones. En este sentido, Asaja solicita a los partidos políticos del pacto de gobierno que revisen, por ejemplo, el convenio firmado con las tres Universidades de Castilla y León para la contratación de los “agentes de innovación tecnológica”, con un gasto de 4,5 millones de euros, contratando personal externo para labores que son propias del funcionariado de la Consejería de Agricultura.