Asaja Castilla y León exigió hoy a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta que libere los 185 millones de euros de ayudas directas de la PAC que faltan por abonar a los agricultores y ganaderos, dado que la situación “está creando un serio problema financiero a miles de familias agricultoras y ganaderas”.
La organización agraria aclara que, aunque la Junta ha presumido de abonar el 70 por ciento de estas ayudas, en la práctica solo se ha hecho efectivas el 51 por ciento de las mismas, puesto que se han anticipado 485 millones, en vez de 669 que serían el porcentaje anunciado, de manera que están pendientes esos 185 millones.
Como ha podido saber la opa, esos fondos no se han liberado por un retraso administrativo ya que faltan muchos controles por efectuar en las distintas líneas de ayudas, lo que ha llevado a bloquear los pagos para que no haya hipotéticos ingresos indebidos.
Asaja advierte de que no admite que el agricultor y ganadero se convierta en “el pagano de esta falta de previsión de los organismos de control”, y pide a la consejera del ramo, María González Corral, que dé orden de pago, aún sin haberse efectuado los controles, y que se solicite después la devolución de pagos indebidos en los pocos casos en los que así proceda. En tal sentido, afirma que su propuesta está permitido en los reglamentos de la PAC, pero añade que la Junta opta por no utilizarlo para no acumular más carga administrativa.
Por otra parte, asegura que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no está informando de las incidencias en los expedientes que no han cobrado el anticipo del 70 por ciento, ni está dando una fecha aproximada de cuándo va a resolverse la cuestión, lo que está provocando “un gran nerviosismo en el sector”.
Las entidades tramitadoras, que son las organizaciones profesionales agrarias (estas además en su condición de entidades colaboradoras) y las entidades financieras, no tienen acceso a esta información que están pidiendo los afectados, precisa Asaja.
Por último, denuncia también que no haya un compromiso cierto para anticipar el 85 por ciento de las ayudas de los programas agroambientales y de zonas con limitaciones, cuando la Unión Europea ha dado luz verde para pagarlas desde el pasado 16 de este mes de octubre.