Las medidas espejo son aquellas condiciones de reciprocidad en las normas ambientales, sociales y sobre bienestar animal en la producción agraria que, en determinados alimentos, puede ser una palanca de cambio para avanzar hacia sistemas agroalimentarios globales más sostenibles y justos, así como para garantizar la rentabilidad de los agricultores comunitarios, fundamental para garantizar la provisión de alimentos para su ciudadanía.
En el estudio, las organizaciones ambientales analizan las diferencias normativas entre la Unión Europea y otros países exportadores en la producción y comercio de cuatro productos básicos en la alimentación: el arroz, las lentejas y la carne de vacuno y ovino. El objetivo de este trabajo pasa por valorar la viabilidad y el impacto que la aplicación de medidas espejo para ayudar a conseguir sistemas alimentarios más justos y sostenibles a nivel global.
En su informe, las ONG constatan que las condiciones y normativas de producción de alimentos son muy dispares en función del país donde se produce, por lo que alertan de que puede provocar desequilibrios que afectan a la competitividad y el comercio, pero también a la salud y a la conservación de los ecosistemas.
Así, consideran que la falta de reciprocidad entre la normativa de terceros países y la de la UE en cuanto a las formas de producción de determinados alimentos puede suponer una desventaja para el sector agrario de los países comunitarios, "dado que su capacidad competitiva puede verse condicionada por los requisitos que se les exige, frente a normas más laxas de los países exportadores", como añade el estudio.
Según los autores del informe, "la aplicación de las mismas normas europeas a los proveedores de terceros países sería una palanca para incentivar prácticas de producción más justas, sostenibles y saludables a nivel global".
Además, los agricultores y ganaderos europeos verían en muchos casos satisfechas sus demandas pues, como señalan las ONG, llevan tiempo reclamando que tienen un nivel de exigencias en su producción muy superior a las de otros países que exportan a la UE productos en directa competencia con los suyos.
A juicio de las ONG, la rentabilidad de la producción de la UE es fundamental para garantizar la provisión de alimentos para su ciudadanía, por lo que esta demanda no es una cuestión de proteccionismo económico ya que el equilibrio en la competitividad sería uno de los efectos de la aplicación de medidas espejo, aunque el enfoque principal del estudio sea la preservación medioambiental y el cuidado de la salud humana a nivel global, como argumentan.
A modo de ejemplo, indican que en la UE se importan alimentos de terceros países a los que se permiten exenciones al Límite Máximo de Residuos de plaguicidas establecidos, lo que puede conllevar riesgos para la salud de las personas consumidoras pues, aunque no presenten residuos, a lo largo de su producción sí han podido ser utilizados, exponiendo a las personas que trabajan en el campo y a los ecosistemas a sus efectos negativos.
El informe defiende que la adopción de medidas espejo fomentaría el cambio en las formas de producción en esos países, ayudando a reducir el impacto negativo sobre la salud de personas y animales de granja, y el medio ambiente más allá de las fronteras de la UE.
Por ello, el documento insta a la UE a explorar la adopción de medidas espejo para determinados productos, caso por caso, como establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con base en razones de alcance global. Igualmente, reconoce que estas medidas deben ser implantadas de forma paulatina, permitiendo a las productoras de países terceros adaptarse a las nuevas normas y, en caso necesario, acompañando esta transición con recursos y conocimiento.
SEO/BirdLife y WWF España puntualizan que, si bien las medidas espejo tienen un enorme potencial, no hay que olvidar la necesidad de cumplir también en la UE las normas ambientales, sobre bienestar animal y protección de los derechos de las personas trabajadoras que han sido aprobadas.
"Las medidas espejo no son la solución a todos los problemas del campo. Se trata de una herramienta más entre las muchas que deben activarse para asegurar una transición justa hacia sistemas alimentarios sostenibles. En este caso, es prioritario redireccionar los fondos públicos y los mercados, en apoyo a sistemas agrícolas y ganaderos agroecológicos", concluyen las ONG.
CASOS CONCRETOS
Por ejemplo, en el India, uno de los mayores productores de arroz del planeta, el estudio recoge que se permite el uso de 18 herbicidas, 24 fungicidas y 30 insecticidas no autorizados o desconocidos en la UE en su producción. Entre ellos, el insecticida clorpirifos, prohibido en la UE desde 2020 por sus efectos neurotóxicos o el plaguicida paraquat, prohibido desde 2007 por su relación probada con la incidencia de Parkinson.
También detalla el caso de Canadá, principal productor y exportador de las lentejas que se consumen en España, donde la mitad de los herbicidas autorizados en su cultivo no están permitidos en la UE, entre ellos el glufosinato, que afecta a la fertilidad de la fauna local y prohibido desde 2008, o el saflufenacito, ni siquiera notificado en la UE y, por tanto, no autorizado.
También se usan fungicidas prohibidos como el clorotalonil y el propiconazol, e insecticidas no autorizados en la UE como los neonicoticoides tiametoxam e imidiacloprid, que afectan severamente a las poblaciones de polinizadores tan necesarias en el medio agrícola.
MERCOSUR
En la UE tampoco está prohibido el uso de antibióticos en la ganadería desde 2006, aunque está autorizado y es habitual en países como Australia, gran productor ovino o Brasil, exportador de vacuno, donde su uso es más restrictivo pero permitido en algunos casos.
Otro ejemplo de regulación más laxa que la europea se da en países exportadores como Brasil, Canadá, Argentina o EEUU en temas como la alimentación del ganado con harinas de origen animal, normativa de bienestar animal o trazabilidad, esta última fundamental para poder hacer seguimiento del cumplimiento de cualquier normativa.
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