La Alianza UPA-COAG califica de “dudas más que razonables” las que vierte sobre el proceso de negociación nacional de la PAC entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas que, a juicio del sindicato agrario, “se ha diseñado para beneficiar a determinados propietarios” de tierras. “El hermetismo sobre temas como las regiones con diferentes cuantías de ayuda, el año de referencia o el valor medio de los importes nos hace temer lo peor y que, por lo tanto, se esté encubriendo un proceso de posicionamiento de determinados propietarios para beneficiarse del nuevo sistema”, indican en un comunicado. “El diseño del proceso de la negociación puede estar beneficiando a determinados propietarios de tierras que podrían llevar meses contando con información privilegiada y realizando movimientos para resultar beneficiados”, añaden.
En este sentido, la Alianza UPA-COAG recalca que, “desde el inicio” ha considerado “muy negativa” la reforma de la PAC, y que “ése es el motivo” de la manifestación que tendrá lugar el próximo día 25 de febrero en Valladolid. “Aparte del riesgo que corren los fondos de desarrollo rural por falta de capacidad económica para cofinanciarlos, los agricultores perderán un 13% de las ayudas del pago básico más el pago greening, en comparación con el pago único del sistema anterior”, precisan. “Además la decisión de basar la decisión de la reforma de la PAC en el mantenimiento de las ayudas actuales tiene como consecuencia que salgan perjudicados los profesionales de la agricultura y ganadería, así como los agricultores jóvenes y determinados sectores productivos muy dinámicos en nuestro modelo de agricultura y ganadería”, anotan.
Años de referencia
Por último, ambas organizaciones agrarias recuerdan que en la elección de los años de referencia “se ha dado oportunidad a la especulación”, pudiendo beneficiarse determinados perceptores de ayudas que “poco tienen que ver con la agricultura productiva”.
Así, los cálculos realizados por la Alianza apuntan a que 70.000 perceptores de ayudas saldrían del sistema por la aplicación de la definición del agricultor en activo en el ámbito nacional. “Sin embargo, la definición es tan laxa que está permitiendo que aquellos productores que pudieran verse afectados por la medida tomen decisiones para que eso no ocurra. Lo único que tendrían que hacer sería incrementar los ingresos por venta de productos necesarios para cumplir con el 20% del total de ingresos agrarios, y además, tienen dos años para conseguirlo, hasta 2015”, concluyen.