La práctica totalidad de los agentes medioambientales de la provincia de León (140 en total), junto a otros compañeros empleados públicos de la Junta, y los comités de empresa y junta de personal, se han concentrado esta mañana ante las delegaciones de la Junta en León y Ponferrada, para denunciar la grave agresión sufrida por un agente el pasado día 7 en la localidad de Rucayo, cuando un pastor golpeó con un hacha el vehículo del agente, que logró evitar el impacto en la ventanilla, desviando así un golpe de posibles graves consecuencias. La protesta ha contado con el apoyo de CSIF, UGT, CC.OO. y las asociaciones profesionales Apafle y Apamcyl,
Los agentes medioambientales exigen la revisión total del reciente Protocolo de Violencia Externa, que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León, porque después de este incidente se ha demostrado que no sirve, señala el manifiesto que se ha leído.
Asimismo, reclaman una ley básica estatal que vaya más allá de lo dispuesto en la Ley de Montes, que incluya la adecuación del reglamento de armas, o del Reglamento General de Circulación de Vehículos con las luces prioritarias V1 (azules), que como policías reivindican tener para actuar con seguridad en las intervenciones.
También demandan formación y la dotación de los medios materiales y personales necesarios y proporcionales para garantizar su seguridad, durante el desempeño de sus funciones. En este sentido, los agentes medioambientales consideran que la cobertura de agentes en Castilla y León deber ser de un mínimo de 900, con el principal objetivo de cumplir con los imprescindibles servicios en parejas, lo que genera una necesaria reorganización comarcal que permita tener 15-20 agentes/comarca.
Estas concentraciones de León se sumarán a la que se ha convocado para el día 18 en Valladolid, con carácter regional, ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a las 11:00 horas, convocadas por las mismas organizaciones. Bajo el lema ‘Stop agresiones’, los agentes medioambientales piden respeto a su trabajo, recordando que son agentes de la autoridad, y reclaman “seguridad”, “dignidad” y los “medios adecuados de trabajo y de defensa”, según se indica en el cartel de convocatoria.
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