El pasado mes de junio la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, puso sobre la mesa la fecha de octubre de 2026 como horizonte en el que las obras del nuevo Museo de Semana Santa se verán concluidas.
Unos plazos que han empezado a andar con la salida a licitación de para la dirección facultativa y coordinación de la seguridad y salud de la obra para la construcción del nuevo centro museístico tras cumplirse dos años de su cierre el pasado 18 de septiembre de 2022.
Se trata de un nuevo trámite para que puedan reiniciarse las obras y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 18 de octubre. En el caso de que la licitación salga adelante el proceso puede darse por formalizado a finales de ese mismo mes o principios de noviembre.
El contrato tiene una vigencia de 24 meses por lo que echando mano de plazos y trámites la obra, en el caso de que no haya mayores inconvenientes, podría darse por finalizada a finales de 2026 lo que supone que no será hasta la Semana Santa de 2027 cuando se produzca la puesta de largo en la Semana de Pasión.
El contrato tiene un precio estimado de 274.380,16 euros y además de los 24 meses de ejecución se suman 12 meses de garantía y tres meses más como tiempo máximo estimado de los trabajos a realizar para la liquidación del contrato.
Cabe recordar que el proyecto fue inicialmente licitado por 7,7 millones de euros y adjudicado a una unión temporal de empresas. Esta renunció por motivos económicos de mutuo acuerdo con las instituciones promotoras. Posteriormente, se determinó que el 57 por ciento del coste del proyecto sería sufragado por la Junta de Castilla y León, mientras que el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora aportarían el 21,5 por ciento cada uno.
Tras el derribo del edificio y el inicio de las obras, la renuncia de la empresa adjudicataria supuso una continuación del procedimiento. Durante el proceso, apareció una atarjea que provocó un nuevo retraso al requerir un pronunciamiento del Patrimonio. Este hecho impidió la licitación hasta que se resolviera el contrato anterior, aunque se estaba en condiciones de contratar la redacción del nuevo proyecto.
Un nuevo obstáculo surgió debido a un edificio colindante cuyo estado debía ser comprobado, pero la dueña no otorgó la autorización necesaria, lo que obligó a judicializar el asunto.
Se esperaba una orden judicial que permitiera inspeccionar la vivienda y continuar con las obras. Sin ese trámite, no se podía asegurar la viabilidad del proyecto ni si el seguro cubriría dicha vivienda. Se confiaba en que el conflicto se resolviera antes de agosto, cuando el periodo judicial es inhábil.
Además, la firma del nuevo convenio exigía que todas las administraciones involucradas dispusieran de una reserva de crédito, lo cual, junto con la reciente aprobación del Presupuesto de la Junta, había ralentizado administrativamente el avance del proyecto.
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