Los grupos parlamentarios PP y Vox tumbaron hoy en el pleno de las Cortes la toma en consideración de la proposición de ley de agentes medioambientales del PSOE que, entre otros aspectos, pretendía dotar de mayor autoridad a este cuerpo de funcionarios del cuidado del medio natural.
La defensa de la iniciativa legislativa fue realizada por el socialista José Luis Vázquez, que pidió regular y legislar la función “imprescindible” de los agentes medioambientales de Castilla y León y dar “visibilidad para las justas demandas” de estos trabajadores que buscan “protección y regulación” de su desempeño.
“Tardará no más de un año que Luis Tudanca impulse una ley de agentes medioambientales en Castilla y León”, auguró Vázquez, que recordó que estos trabajadores están “presentes en todo el territorio” de la Comunidad para “proteger el patrimonio ambiental”.
Lamentó asimismo la “pobre actitud democrática” de PP y Vox, a los que dijo que “les falta la gallardía para afrontar un debate” con el que dar continuidad a la tramitación de la ley, dado que el voto en contra de ambos grupos hace que decaiga hoy. Pero recordó, en todo caso, que la iniciativa legislativa sí se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados y que llevará al reconocimiento de la ley de agentes medioambientales.
Posteriormente, ofreció Vázquez un decálogo de razones para adoptar esta ley, entre ellas que la actual de Castilla y León es “la peor” del territorio nacional y “se incumple en lo esencial” el acuerdo con los sindicatos de hace dos años que contemplaba la nueva legislación. Además, condenó la privatización no solo del operativo contra incendios forestales sino incluso de su investigación, y lamentó que la Junta sea “el principal obstáculo” para llevar adelante una legislación autonómica acorde a la ley marco estatal.
Se preguntó además Vázquez “por qué la Junta se niega a que los agentes cumplan su función de policía medioambiental”, respondiendo que “no será porque la Junta es el principal infractor”, y lamentó que con ello se esté “privatizando y desprotegiendo” a los agentes “abriendo la puerta de entrada a la corrupción”.
“Es una prioridad legislar y crear el cuerpo de los agentes medioambientales en Castilla y León igual que han hecho en Cataluña o Andalucía”, concluyó Vázquez, que pidió “herramientas legislativas para su protección” con el objetivo final de la protección “del medio rural de toda Castilla y León”, y lamentó por ello “el rechazo y desprecio” de la Junta y el PP a estos agentes con su negativa a sacar adelante la iniciativa legislativa presentada hoy para “fomentar el negocio de sus amigos”.
‘No’ por el duplicado de funciones
Sin embargo, la proposición no saldrá adelante por el voto negativo a su toma en consideración de Vox y PP. La defensa de la postura de los ‘populares’ fue llevada a cabo por Beatriz Coelho, que aseguró que la guardería forestal ha sido “fundamental” para la gestión de los recursos naturales de la Comunidad “desde hace más de cien años”.
Ahora, como “profesión especializada”, señaló que la Junta los considera como agentes que desarrollan diversas labores que aseguran que las comunidades locales “se benefician de estos recursos de manera sostenible”, a través de un modelo de gestión pública que busca “el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico”.
Políticas que aseguró como “esenciales” para afrontar los “desafíos del cambio climático”, mientras que la proposición de ley socialista “va en contra del cumplimiento de la legalidad y la eficiencia” en el uso de los recursos públicos, porque el modelo de agente medioambiental que recoge la ley es “radicalmente distinto al que tenemos y tantos buenos resultados nos ha dado”.
“Queremos un profesional que cuide y proteja el medio natural y fomente la sostenibilidad”, aseguró Coelho, porque Castilla y León “no necesita agentes sancionadores” y sí trabajadores que alcanzarán los 971 para desarrollar “una labor esencial” con “medios equipados” con los que llevar a cabo un trabajo “fundamental” para el medio ambiente de la Comunidad.
También justificó la negativa en que la propuesta socialista “duplica funciones” y “parece que pretende el desmantelamiento del Seprona”, además de apuntar que el momento de plantear una reforma legislativa será cuando exista un marco jurídico nacional que ahora se está negociando en Congreso y Senado.
Desde Vox, el procurador José Antonio Palomo puso en valor el tiempo dedicado a la realización de la proposición de ley por parte del Grupo Socialista, aunque se mostró en desacuerdo con ella porque “ya se han ido haciendo las modificaciones necesarias” para dar respuesta a la mejora de los operativos para “proteger el medio ambiente”, con un cambio “para mejor” que pone en valor “las personas que cuidan nuestro medio natural, garantizando su estabilidad laboral”.
Se trata, según Palomo, “de un modelo que lleva más de cien años funcionando” y que se ha ido “actualizando” para conseguir que “hasta día de hoy, sea una herramienta que funciona de manera correcta”. Por ello, desde Vox confían en que esta labor de mejora se siga produciendo para proteger “con las máximas garantías de eficacia” a los agentes medioambientales. Además, la ley “alejaría a los agentes de sus funciones básicas” con la concepción como autoridad y “poco nuevo aporta”.
Eso sí, se mostró de acuerdo con ordenar las categorías de estos profesionales aunque “no es momento de realizarlo” porque una ley “idéntica” se está debatiendo en Congreso y Senado. “En su momento, apoyaremos las reivindicaciones de este sector, pero si de verdad quieren preocuparse por todo lo que engloba el medio ambiente, debería priorizar a las personas que viven y cuidan de él”, puntualizó Palomo al PSOE en defensa del sector primario.
Por último, pidió al Partido Popular que “hagan ver a la presidencia del Parlamento Europeo, de su partido, que las imposiciones medioambientalistas son la razón por las que las personas que cuidan y protegen nuestro medio ambiente tengan que abandonarlo”.
Profesionalización y autoridad
Por parte del Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, anunció su voto a favor porque “es labor de las Cortes establecer una regulación lo más acorde posible a las necesidades de los agentes medioambientales de la Comunidad”, que recordó que tienen “nuevas funciones” en una actividad de “especial relevancia” en Castilla y León no solo por el cuidado del patrimonio natural sino por la extinción de incendios, por lo que consideró necesario “un nuevo nivel de profesionalidad” para estos agentes que recoja la ley.
También participó en el debate Francisco Igea, que lamentó que esta sea “la legislatura de más destrucción de la historia de la Comunidad” y en la que la UE “nos persigue y condena por la contaminación de nuestras aguas”. “Parece que la situación no es la ideal, por lo que sí parece de interés regular cómo van a funcionar los agentes medioambientales”, señaló Igea, mostrando su acuerdo en la necesidad de que desarrollen labores de “policía medioambiental” y preguntándose si con otros cuerpos de seguridad “se subcontrataría la policía”.
Desde UPL-Soria Ya, Ángel Ceña se mostró, como sus antecesores en el uso de la palabra, partidario de la tramitación legislativa, y se remontó hasta la concesión de fueros medievales en Soria para apuntar que “poco han cambiado las causas” de quienes impiden, en su opinión, la profesionalización de los agentes como guardianes del medio ambiente y el territorio, aunque también señaló “inconsistencias” en la proposición de ley socialista, como la “falta de negociación con los sindicatos” que apuntó o la falta de declaración “expresa” de los agentes como autoridad.
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