El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, afirmaba este martes en el Pleno de las Cortes que cumple con la ley en las ayudas directas concedidas a ayuntamientos por motivos de necesidad o urgencia, pero el socialista Luis Briones manifestó que el criterio es “la arbitrariedad” y vaticinó que “el asunto terminará en los tribunales”.
“¿Cuáles son los criterios establecidos por la Junta de Castilla y León para otorgar ayudas directas a 12 ayuntamientos por valor de 4 millones de euros sin convocatoria ni concurrencia pública?”, preguntó Briones en el pleno de las Cortes, a lo que el consejero respondió que se basan en la legalidad, neutralidad, cohesión y singularidad.
La explicación no convenció a Briones, que le acusó de “mentir” y argumentó que en cuatro hayan se han otorgado 25 millones de ayudas directas y cuatro millones este año, el “90 por ciento a ayuntamientos del Partido Popular”.
“Es financiación irregular”, remató el socialista, convencido de que este asunto acabará en los tribunales, pero González Gago apeló a la reciente ley del Tribunal Supremo que ha condenado al Gobierno ante la exclusión de la Junta en la concesión de 102 millones de ayudas directas en inclusión social.
El consejero insistió en que esas ayudas son legales y se ajustan a la ley de subvenciones, adujó que solo representan el tres por ciento de las líneas de su Consejería a las corporaciones locales y concluyó que, si hay menos municipios gobernados por el PSOE, se debe al resultado de las últimas elecciones.
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