La recientemente modificada Ley de Sanidad Animal ha sido protagonista del encuentro que ha tenido lugar ayer entre representantes del Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León y miembros de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera a instancias de esta última.
Los veterinarios de Castilla y León han querido mostrar en este encuentro su descontento por la reforma legal, que incide directamente en las campañas de saneamiento ganadero.
En la cita estuvieron presentes la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, Teresa Rodríguez, que acudió con miembros de su equipo, y el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez, que estuvo acompañado por miembros del Consejo autonómico.
Tras la reunión, Díez ha explicado que “hasta ahora la Administración, con sus veterinarios oficiales, realizaba directamente el 50% del saneamiento ganadero ante la tuberculosis. El otro 50% lo delegaba en una empresa contratada, para que sus veterinarios ejerciesen esa función, alternando cada año las explotaciones. Nos informaban que era para un mejor control oficial. Ahora, de ahí hemos pasado a la posibilidad de que quien quiera y pueda pagarlo contrate directamente a sus veterinarios previamente habilitados por la Consejería para hacer su saneamiento ganadero”.
El Consejo autonómico de veterinarios pone el foco en la vaguedad de la nueva normativa, que obliga a estos veterinarios a hacer una declaración de no incurrir en “conflicto de intereses”, cargando responsabilidades en el veterinario por cada explotación que sanee y sin detallar hasta dónde llega este ‘conflicto de intereses’ ni quién lo controlará.
“El reglamento de la UE establece que existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal”, señala Díez.
A este respecto, el presidente del Consejo autonómico reprocha que, con el sistema anterior “la presión era sobre la administración y sobre la empresa contratada. Ahora pasa a ser sobre el veterinario privado a título individual y sin saber hasta dónde llega el ‘motivo indirecto de interés personal’, ya que la distinta tipología de asociaciones existentes que van a contratar veterinarios puede esconder la relación con el titular de la explotación a través de un contrato directamente con la asociación”.
En este sentido, desde el Consejo autonómico de Veterinarios advierten que “si lo que quieren es más garantías de calidad, independencia y rapidez deberían hacerlo aumentando el personal veterinario oficial para realizar el saneamiento del 100% de los animales y vigilar al tiempo las posibles incompatibilidades o conflictos de intereses, que también se pueden dar en los servicios oficiales”.
Los veterinarios de Castilla y León exigen además que, por el bien de la Sanidad Animal, la Salud Pública y el buen hacer profesional de los veterinarios de ejercicio profesional libre “se vigile el cumplimiento del ‘no conflicto de intereses’, dejando claro en las instrucciones que se dicten para realizar el saneamiento el alcance del mismo y que esas instrucciones sean públicas, para que los veterinarios puedan tener claro si corresponde firmar la declaración de conflicto de interés o no”.
Desde el Consejo autonómico apuntan que no debemos olvidar que “de la Sanidad Animal no sólo depende la Salud Pública, también depende el actual umbral del comercio internacional de nuestros productos y el poder tener una producción que garantice la autonomía alimentaria, imprescindible en periodos de crisis”.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios