Castilla y León ha sido la comunidad que más ha reducido su aportación a la Dependencia desde el año 2020, cuando el Gobierno puso en marcha un plan de choque con el que incrementó los fondos que transfiere en esta materia a las autonomías en un 138 por ciento. Así, entre 2020 y 2023 la Junta redujo su aportación un 6,3 por ciento y también ‘hicieron caja’ con este incremento del Presupuesto General del Estado Galicia, que redujo su aportación un 2,1 por ciento, y Aragón, donde el descenso fue del 2,1 por ciento.
En este periodo, según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales al que ha tenido acceso Ical, la Junta disminuyó su gasto en atención a personas dependientes en 34,7 millones. De esta manera, Castilla y León es la cuarta comunidad que de su propio presupuesto menos destina a la Dependencia, con un 63,2 por ciento, solo por detrás de Andalucía (62,3 por ciento), Galicia (59,3 por ciento) y La Rioja (59 por ciento), mientras que la media se sitúa en el 71,4 por ciento. Por su parte, el mayor porcentaje lo presentan País Vasco (83,9 por ciento), Navarra (80,8 por ciento) y Extremadura (78,2 por ciento).
En el año 2023 la inversión pública en atención a la Dependencia fue de 11.522 millones de euros, de los que 8.230 correspondieron a las comunidades y el resto, 3.292 millones al Gobierno central. En el caso de Castilla y León, el gasto total certificado fue de 816,7 millones, de los que 516,1 millones (63,2 por ciento) correspondieron a fondos autonómicos y el resto, 300,6 millones (36,8 por ciento) a transferencias del Estado.
Además, en el informe se denuncia que se mantiene una acusada desigualdad territorial, siendo las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros), mientras a la cola continúan Murcia (1.504 euros) Canarias (1.248 euros) y Galicia (1.073 euros). Castilla y León, con 1.967 euros, se sitúa en sexta posición y por encima de la media autonómica (1.815 euros).
No obstante, analizando la inversión en Dependencia por habitante, Castilla y León ocupa la tercera plaza con 342,6 euros, solo por detrás de País Vasco (428,5 euros) y Extremadura (378,3 euros). La media nacional es de 240,5 euros y las comunidades que ocupan los últimos lugares son Aragón (217,5 euros), Galicia (190,7 euros), Murcia (188,3 euros) y Canarias (138,2 euros).
En el año que cumple la mayoría de edad la Ley de Dependencia, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia el incumplimiento de las administraciones públicas que han convertido derechos subjetivos en “derechos efímeros y de papel”. En este sentido, se recuerda que se trata de una política de interés de la ciudadanía, “ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia”.
Por último, recuerda que, a fecha de hoy, 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. Y que, desgraciadamente, a las 40.447 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo.
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