La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, señalaba este martes en el Pleno de las Cortes que se han desarrollado 1.878 actuaciones en los centros de personas mayores y personas con discapacidad, así como 249 actividades de control e inspección en el servicio de ayuda a domicilio y otras 265, a petición de las familias. Aún así, Blanco consideró que “es mejorable, aunque la valoración es positiva”, y sostuvo que en estos controles se evalúa el cumplimiento de las condiciones por las uqe se autorizaron los centros, el estado de conservación y limpieza, el respeto de los derechos de los usuarios y que el ratio sea el adecuado.
La consejera comentó que cuando se detectan incumplimientos en alguno de los centros se pide su subsanación, se abre expediente, se sanciona y, en casos graves, tras tres inspecciones, se traslada a la Fiscalía, “por si los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito”. Tal es así, dijo, que 2023 se cerró con la sanción de 68 expedientes en residencias, cuatro de ellos con falta muy grave, que llevó aparejado el cierre del centro, y el resto fueron faltas graves y algunas leves.
Por ello, dijo, la nueva ley de Residencias permiten hacer públicos los informes y son “las familias las que marcan el paso”.
Por su parte, la procuradora Yolanda Sacristán acusó a Blanco de “vivir en un mundo paralelo”, donde los “controles son fundamentales para garantizar la atención”. Recordó que la Junta tiene la competencia desde hace 30 años, pero “solo” una de cada diez plazas de residencias es pública, a lo que Blanco respondió que el 80 por ciento de las instalaciones recibe fondos públicos.
También achacó que “no otorgan cantidades mínimas a dependientes que necesitan una plaza residencial, sin control y vigilancia, con situaciones tercermundistas”, según parafraseó a los sindicatos.
“Mañueco no solo no destina más dinero que llega de España, sino que se aprovecha para reducir la aportación económica de la Junta”, tal y como ha desvelado, dijo, en su informe de este lunes la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. “Antepone las ganancias de las empresas privadas a las necesidades de los usuarios. Reponga ese dinero, porque está feo quedarse con lo que no es suyo”, opinó Sacristán. Blanco concluyó mostrando un gráfico en el que el Gobierno “ha puesto menos del 50 por ciento de lo que indica la ley”. “El Estado pone para pagar el cupo separatista”, reflexionó.
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